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Laicismo o laicidad en el Senado

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La Cámara de Diputados de nuestro país aprobó un cambio al artículo 24 de la Constitución, con la intención de ampliar la libertad religiosa para todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes. El texto está ahora en el Senado, para ser ratificado, modificado o congelado.

Se han vertido muchas opiniones al respecto. Algunas son fruto de ignorancia de lo que implica la libertad religiosa, pues la reducen a libertad de creencias y de prácticas cultuales, que ya está reconocida en nuestras leyes. Debe abarcar también la libertad de expresión, de manifestación y de conciencia, entre otras cosas.
 
Un Estado laicista es antidemocrático y dictatorial, pues impone una sola forma de pensamiento y de acción.


 
HECHOS
 
Muchos ni siquiera conocen el texto que aprobaron los diputados, que por cierto no es un gran avance; al contrario, remacha candados en contra de nuestra obligación de predicar lo que es conforme a nuestra fe y denunciar lo opuesto, sobre todo en tiempos electorales. Otros se imaginan que intentamos avasallar al Estado y a los ciudadanos. Algunos legisladores nos quisieran calladitos y sin recursos de defensa de nuestros derechos.

Unos aventuran que se pretende privilegiar a la Iglesia Católica, en detrimento de otras confesiones. Esto es totalmente falso, pues si se lograra la mayor libertad religiosa que  se exige, todas las religiones saldrían beneficiadas. Se lograría, por ejemplo, que las emisoras de radio evangélicas, ahora extralegales, fueran legales. Para nada se afectaría a los no creyentes.

 

Otros alegan que se pretende atentar contra el Estado laico, contra la separación entre Iglesia y Estado. Nada más ajeno a la verdad. Un Estado laicista es antidemocrático y dictatorial, pues impone una sola forma de pensamiento y de acción. Un Estado laico, entendido como respetuoso de las opciones de los ciudadanos en materia religiosa, siempre es saludable y bienvenido. No teman, pues, que la jerarquía católica pretenda imponer una religión al Estado y a la ciudadanía.

 

CRITERIOS

El Papa Benedicto XVI, en un discurso reciente a obispos de Estados Unidos, advierte las graves amenazas de un laicismo radical, que intenta limitar la libertad de religión, negar el derecho de objeción de conciencia. Dice que hay “una preocupante tendencia a reducir la libertad de religión a una mera libertad de culto, sin garantías de respeto de la libertad de conciencia”. Ante ello, habla de “la necesidad de un laicado católico, comprometido, articulado y bien formado, dotado de un fuerte sentido crítico frente a la cultura dominante y de la valentía de contrarrestar un laicismo reductivo que quisiera deslegitimar la participación de la Iglesia en el debate público sobre cuestiones decisivas para el futuro de la sociedad”.

 

Con toda claridad dice: “El testimonio de la Iglesia es público por naturaleza. La Iglesia busca convencer proponiendo argumentos racionales en el ámbito público. La separación legítima entre Iglesia y Estado no puede interpretarse como si la Iglesia debiera callar sobre ciertas cuestiones, ni como si el Estado pudiera elegir no implicar, o ser implicado, por la voz de los creyentes comprometidos a determinar los valores que deberían regir el futuro de la nación”. Es decir: libertad no para imponer, sino para opinar y proponer, pues estamos convencidos de que “cuando una cultura busca suprimir la dimensión del misterio último y cerrar las puertas a la verdad trascendente, inevitablemente se empobrece y se convierte en presa de una lectura reduccionista y totalitaria de la persona humana y de la naturaleza de la sociedad” (19-I-2012).

 

PROPUESTAS

Señores senadores: Defiendan la laicidad del Estado, pues un Estado confesional estaría fuera de época. Analicen las propuestas, con apertura de mente y de corazón, sin contaminar su decisión con prejuicios de hechos pasados de nuestra Iglesia, que ya no corresponden al presente. Reconocemos excesos en otros tiempos, ahora ya rebasados. Se pide libertad religiosa amplia y verdadera para todos. Conozcan otras legislaciones y experiencias. Comparen nuestras leyes con los tratados ratificados por el propio Senado. No coarten ni limiten un derecho humano.

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