El 18 de agosto de 2010, el Comité Directivo del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal presentó una demanda de carácter civil por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF), en contra del vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero.

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Esto, porque entre el 16 y 17 de agosto, el prelado acusó ante diversos medios de comunicación al partido de crear “leyes destructivas que causan peor daño que el narcotráfico”, al tiempo que conminó a la ciudadanía a no votar por el sol azteca.

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La verdadera libertad de expresión implica que cualquier ciudadano puede decir su opinión, siempre y cuando no se agreda el derecho de terceros, en el caso del padre Valdemar, se expresa una crítica política válida siendo ciudadano mexicano con plenos derechos y obligaciones, por lo que su opinión no debería censurarse, ya que en caso contrario, sería discriminativo por su profesión y credo.

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Todos tenemos derecho a opinar, seamos creyentes de alguna religión o ateos, y ese derecho es inalienable, recordadndo que todas las opiniones siempre tendrán un sesgo particular, pero en la pluralidad eso debe ser práctica común.

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