Hay que distinguir la valoración moral de la prostitución de la actitud que el Estado puede asumir respecto a este fenómeno social. - La ética cristiana ha condenado siempre la prostitución como inmoral porque implica el ejercicio de la genitalidad fuera de la relación afectiva y definitiva de los cónyuges, además de la degradación de las personas que venden su cuerpo y de los que reducen la satisfacción sexual a desahogo solamente fisiológico-sensorial.

 

 

 

 

 

Pueden añadirse también otras razones, como el pecado de adulterio, el uso de contraceptivos y la disponibilidad al aborto. - En cambio son diversas las posiciones católicas sobre la actitud que el Estado puede asumir en relación con el fenómeno social de la prostitución.

a) La tolerancia. Ya san Agustín, y luego explícitamente santo Tomás de Aquino, defendieron la teoría de la tolerancia social. Partieron ellos de un principio general: el Estado no puede aprobar nunca el mal, pero tampoco puede eliminar todo mal moral; por tanto, debe obrar con una sana prudencia, que puede llegar a la tolerancia de algunos males morales mientras no sea posible una solución mejor. Ese principio fue aplicado por santo Tomás a la prostitución basándose en el supuesto social de que en aquella época el prohibicionismo estatal hubiera sido un absurdo (S. Th„ II-II, q. 10, a. 11).

b) La reglamentación. Particularmente el Colegio carmelitano de Salamanca (s. xvii), remitiéndose a la autoridad de santo Tomás de Aquino (S.Th. II-II, q. 96, a. 2) y a la práctica de los Estados pontificios, justificó la reglamentación de la prostitución. Se debe reconocer que la teoría de la "reglamentación" va más allá del principio tomista de la "tolerancia", pero es una consecuencia suya casi necesaria. Ante un fenómeno social que no se limita a relaciones entre dos personas, sino que implica fórmulas participativas de particular importancia, el Estado debe adoptar una posición jurídica. La reglamentación puede darse en forma de apoyo -y como tal sería inmoral-, o bien con la explícita intención de poner un dique al fenómeno y de algún modo controlarlo para evitar males peores: en esta forma, la reglamentación puede considerarse moralmente tolerable. La hipótesis entra en la discusión ética sobre la legislación estatal. Particularmente en los Estados modernos, aconfesionales y pluralistas, se puede discutir si es concebible una legislación que "regule" algunos episodios inmorales, como el divorcio [l Ordenamiento jurídico y ética].

c) La prohibición jurídica. Otros moralistas, entre los cuales destaca san Alfonso de Ligorio (j' 1787), estiman que el Estado debe prohibir la prostitución. Es la tesis que se ha hecho predominante entre los moralistas de nuestro siglo. El Estado ha de ser consciente de la degradación social y de la explotación criminal que comprende la prostitución organizada. La reglamentación, más que reducir el mal, lo oficializa.

d) Reflexión final. Ante todo hay que evidenciar que las tres hipótesis morales diversas concuerdan en estimar que la prostitución es un mal social; no niegan la presunción de que tal fenómeno sea ineliminable; tienden a evitar una complicidad directa del Estado [!Tolerancia y pluralismo]. La discusión versa sobre el comportamiento éticamente "prudencial" que el Estado debe adoptar: éste puede variar según las situaciones culturales y las posibilidades de control efectivo. Por tanto hay que evitar soluciones aprioristas.

En todo caso la tarea de la ética no se agota en la confrontación con el legislador. Hay que promover como primera la intervención "cultural" para una prevención ético-social del fenómeno prostitutivo. Se trata de recuperar el sentido de la I sexualidad humana. Además hay que potenciar las defensas sociales y jurídicas de los menores y las asociaciones que trabajan en favor de la juventud y en defensa de las muchachas madres y que miran a la recuperación de las personas socialmente marginadas.