David Razú Aznar, un solitario diputado proveniente del desaparecido Partido Socialdemócrata, avecindado en el Partido de la Revolución Democrática, ha puesto materialmente `locos` a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su ley sobre el matrimonio homosexual.

 

 

 

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de ministros determinó en días anteriores que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal tienen validez jurídica y deben ser reconocidos en los 31 estados de la República.

Los ministros no acababan de votar a favor y todavía no terminaban de quitarse la toga y el birrete, cuando la conciencia de más de uno se vio alterada por la preocupación.

En su fuero interno sabían que constitucionalmente les asistía la razón, pero no midieron el alcance, las repercusiones y los efectos nocivos contra una institución llamada Pacto Federal.

En la práctica, asumieron una decisión contaminada por el manejo político-ideológico, muy distante de la posición que pretenden guardar y más distante aún de la conducta que siguen en su vida privada, en algunos casos, turbulenta, accidentada y hasta fuera del marco legal.

Además, su afán de pretender mostrarse como una Corte acorde con los cambios de una sociedad moderna, abierta y liberal, llevó a sus integrantes al extremo de imponer una medida local a toda una República que tiene matices, diferencias y hasta antagonismos con la figura que acaban de aprobar. Tan sólo en dos estados de la República, el matrimonio concebido como la unión de un hombre y mujer tiene rasgo constitucional y en otros 22, está contemplado formalmente por sus respectivos Códigos Civiles.

Por esta razón, no será fácil decirle a un Congreso local o a un mandatario estatal que hagan a un lado sus documentos fundamentales y acepten darle por ejemplo los servicios del IMSS a una pareja de igual sexo, o que un juez determine un posterior divorcio entre estas parejas, cuando ni siquiera los han reconocido.

En privado reconocen fallas en su actuación y tienen plena conciencia que más pronto que tarde, comenzarán a presentarse choques con diversos mandatarios estatales, por lo que en el mejor de los casos deberán prepararse para elaborar un manual o una fe de erratas para aclarar lo que aprobaron.

También está el recurso de contratar al ex vocero del ex presidente Fox, para que haga uso de sus

habilidades discursivas y aclare lo que los ministros quisieron decir.

En tercer recurso, pero grave y lamentable para la salud de la República, sería que los ministros siguieran la inercia del ministro Sergio Valls, cuando en junio pasado desechó las impugnaciones que presentaron seis gobernadores panistas por las llamadas `bodas gay

En su dictamen, el ministro, profundamente religioso y quien tiene fama de ser un buen colocador de empleos en la Administración Federal, tratándose de miembros de su familia, argumentó:

`Ningún estado de la República puede impugnar, mediante un juicio de controversia constitucional, una ley expedida en otra entidad, en este caso en el Distrito Federal`.

La pregunta es porque de allá para acá no procede, mientras que de un latigazo, la Corte le siembra una ordenamiento a toda la Federación.

Y David, feliz por su proeza.