Quiero agradecer, en primer lugar, a los organizadores del VI Congreso Mundial de Familias la invitación a participar en este Foro Internacional de Parlamentarios. La Familia ha sido siempre en España una institución fundamental, una institución muy valorada por el pueblo español, por encima de diferencias ideológicas, como se confirma en todas las encuestas de opinión.

Una institución que, tanto en anteriores etapas de dificultades económicas como en el momento actual, ha demostrado ser la mejor red de protección social, la más eficiente y la menos gravosa para el contribuyente. Sin el apoyo familiar a las personas que quedaban en paro o a los jóvenes que no conseguían acceder a su primer empleo, la conflictividad social se hubiera elevado hasta niveles insostenibles o las administraciones públicas hubieran tenido que aumentar de forma muy considerable sus gastos de protección social.

La altísima valoración de la institución familiar por los españoles no se ha traducido en un apoyo público – y especialmente presupuestario – equivalente a la familia. España dedica a la familia, en gasto público, el 1,2% de su Producto Interior Bruto frente a una media del 2,1% en la Unión Europea. Por supuesto, que los partidos mayoritarios incluyen a la familia como una prioridad en sus programas electorales pero, sin embargo, la situación presupuestaria es la descrita. Y ahora la crisis económica no permite, en principio, un cambio radical de la situación para acercarnos a la media europea de apoyo público a la familia. Digo en principio, porque precisamente la crisis económica justifica, en mi opinión, aumentar el apoyo público a la familia que es quien de forma más eficiente puede atender a los niños, jóvenes, parados, mayores y dependientes más afectados por la recesión económica.

En el año 2004 llegó al Gobierno de España el Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero a su cabeza, y puso en marcha una serie de iniciativas legislativas muy perjudiciales para la familia, desde la asignatura de Educación para la Ciudadanía – fuente en muchos casos de adoctrinamientos ideológicos no autorizados por las familias – y la Ley del divorcio “express” hasta la Ley del Aborto de 3 de Marzo de 2010, que considera el aborto como un derecho de la mujer hasta las 14 semanas, además de mantener plazos aún más amplios para el supuesto eugenésico, algo inconcebible en pleno siglo XXI y que va en contra del Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmado por España. La ley del aborto fue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, al considerar que violaba nueve artículos de la Constitución Española.

En Noviembre de 2010, el Partido Popular ganó las elecciones con un programa que incluye, entre otros compromisos, los siguientes: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el
modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores.”

El Partido Popular cumplirá este compromiso electoral. Así lo ha anunciado el Ministro de Justicia. Ya ha empezado en España un cambio en la opinión pública. Durante muchos años la Sociedad española y sus representantes políticos (salvo unas minorías dignas de la mayor admiración) han estado de perfil ante el drama del aborto. No se ha querido conocer la realidad, no se ha querido difundir ni denunciar el fraude con el que se estaba aplicando la Ley de 1985 ni el escandaloso negocio de las clínicas abortistas. No se ha querido terminar con el uso eugenésico que se estaba haciendo del supuesto legal que permitía la eliminación de los no nacidos con riesgo de discapacidad y que ha reducido drásticamente el nacimiento de niños con Síndrome de Down.

Pero, poco a poco, gracias a la tenacidad y al esfuerzo incansable de una minoría comprometida de personas – a las que no ha importado la incomprensión, el desprecio e incluso las agresiones físicas y psíquicas personales - la opinión pública ha ido cambiando. El aborto ha dejado de ser un tema tabú, algo protegido por un manto de silencio, algo que parecía incorrecto mencionar en la vida política y social y en los medios de comunicación. Cada vez más personas, y personas más jóvenes, se han atrevido a hablar del problema, del fraude de las clínicas abortistas, de la
agresión a la mujer que representa el aborto.

Y han salido a la calle en concentraciones masivas, pero a la vez pacíficas, respetuosas y alegres. Frente a esta nueva realidad los defensores del aborto parecen cada vez más viejos, más retrógrados y menos capaces de convocar a la ciudadanía. Una de las manifestaciones más significativas de este cambio son las Iniciativas Legislativas Populares que, recogiendo las firmas de centenares de miles de ciudadanos, han promovido que los parlamentos regionales debatan propuestas de leyes de apoyo a la mujer embarazada. Estas iniciativas se han convertido en leyes aprobadas en siete Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha (con el voto a favor del Partido Socialista), Castilla y León (con la abstención de dicho partido), Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y la Comunidad de Madrid.

Todas estas iniciativas, nacidas de la Sociedad Civil y apoyadas por varios Gobiernos regionales, constituyen, en mi opinión, un testimonio valiosísimo de ese cambio que se ha iniciado en la opinión pública española en la valoración del derecho a la vida y a la maternidad. Una nueva valoración que acabará triunfando por encima del relativismo moral de los últimos decenios y de las leyes promovidas por el radicalismo de género. Se ha demostrado así que una posición sostenida, firme y exigente por parte de la Sociedad Civil y de sus entidades más comprometidas consigue implicar a los representantes políticos en la modificación de las leyes y en nuevas iniciativas de gobierno, como también ha ocurrido en España con la asignatura Educación para la Ciudadanía que va a ser sustituida por la de Educación Cívica y Constitucional, sin contenidos susceptibles de adoctrinamiento ideológico.

Entre tanto, todas las ocasiones serán pocas para agradecer el coraje, el compromiso, la constancia y la entereza ante la adversidad de tantas personas ejemplares que desde hace muchos años han luchado cada día por ayudar a las embarazadas y a sus hijos, superando incomprensiones y decepciones, con escasez de recursos pero con un enorme entusiasmo, el entusiasmo de las almas grandes. Yo quiero rendirles aquí mi testimonio de admiración y de gratitud.

D. Luis Peral
Senador por la Comunidad de Madrid
Senado de Españ