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Ley del aborto en España deja desprotegidos a bebés con discapacidad

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La presidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados y diputada del PP, Lourdes Méndez, ha defendido que tanto la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 1985, como la Ley del Aborto de 2010 desprotegen y discriminan a las personas con discapacidad.

Así lo ha asegurado Méndez en una entrevista concedida a Europa Press, quien recalca que por ésta y otras razones la reforma de la Ley del Aborto deberá ir en la línea de la doctrina del Tribunal Constitucional, que cuenta hasta con tres sentencias de 1985, 1996 y 1999.



Precisamente, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ya ha denunciado en alguna ocasión que ambas normativas discriminaban al colectivo de personas con discapacidad. En este sentido, España dispone de plazo hasta 2016 para adaptar su legislación a la Convención de Naciones Unidas de Discapacidad, que alerta sobre este asunto.

Con ello, Méndez ve "muy acertadas" las declaraciones del CERMI porque considera que "no cabe dar un trato desigual y menos favorable" en ningún ámbito normativo, incluida la interrupción voluntaria del embarazo, a las personas con discapacidad. "Supondría una vulneración de dichos derechos. La ley actual de plazos es claramente injusta y discriminatoria", según ha precisado.

De hecho, incide en que el PP tiene como punto de partida y marco de referencia en la reforma de la Ley del Aborto la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, "en la que se establece la obligación del estado de proteger la vida humana en su formación y prevé la solución cuando colisionan dos bienes jurídicamente protegidos".

En este sentido, apoya su afirmación en que su fundamento jurídico establece que "en la medida en que se avance en la ejecución de la política preventiva y en la generalización e intensidad de las prestaciones asistenciales que son inherentes al estado social, se contribuirá de modo decisivo a evitar la situación que esta en la base de la despenalización del supuesto eugenésico".

En relación con las personas con discapacidad, Méndez señala que esta sentencia es compatible también con la Convención de Naciones Unidas, que reafirma en su articulo 10 "el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y establece que los estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás".

"Evidentemente no son incompatibles, la sentencia con la convención, no obstante, para decidir cómo se articula la reforma y, en concreto este punto, están los dirigentes de nuestro partido y nuestro Gobierno. Es un tema que merece el máximo rigor y sosiego", ha recalcado.

La diputada 'popular', que fue una de las ponentes del PP en la subcomisión del aborto en la anterior legislatura, recuerda que en el recurso que el PP presentó días antes de la entrada en vigor de la actual Ley del Aborto de 2010 ante el Tribunal Constitucional el Grupo Parlamentario Popular expresaba que "el mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás".

Debate interno en el Partido Popular

En cuanto a las discrepancias surgidas en el seno del PP sobre modificar o no la actual normativa de aborto, Méndez insiste en que "no puede haber un debate interno" puesto que la postura del partido en cuanto a la reforma de la actual Ley de plazos está "suficientemente clara y manifestada" a lo largo de "mucho tiempo", según detalla, tanto en los estatutos del PP, como en su programa electoral, así como en las ponencias de los congresos, en el voto particular de la subcomisión en el Congreso, o en el recurso que se presentó ante el TC.

"Una postura que costó esfuerzo en el seno del PP y del partido, donde las diferentes sensibilidades cedieron. Por tanto no puede darse ese debate interno, porque sería defraudar a los 11 millones de españoles que nos han votado", ha remachado.

A su juicio, "este presunto debate" está promovido por personas externas al Partido Popular con el "único objetivo de debilitar y dividir al partido". Eso sí, advierte de que si algún compañero suyo apoya lo contrario a lo dictado por los estatutos del PP, "evidentemente está haciendo el juego a quien quiere debilitar".

Preguntada sobre aquellos miembros del PP que podrían querer tener libertad de voto, Méndez opina que la defensa y protección de la vida es uno de los temas que "caracteriza a los 'populares', por lo que se trataría de una "línea roja" que el partido no podría sobrepasar.

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