El proceso que da comienzo a fines de 2008 con la reforma constitucional por la defensa del derecho a la vida aprobada por el Congreso del Estado de Sonora hace casi año y medio, y culmina con la que aprobó en diciembre pasado el Congreso del Estado de Chiapas, ha servido para mostrar una cara de los medios que jamás pensé vería.

 

 

 

Las reformas constitucionales en diecisiete Estados para incluir explícitamente el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación y/o concepción, tienen como propósito apoyar y proteger a la mujer embarazada antes, durante y después del parto. Faltan a la verdad quienes buscan hacer creer que las reformas fueron motivadas por la búsqueda de penalización alguna o de presentar a la mujer como una criminal a los ojos de la sociedad.

Por el contrario, las motivaciones explícitas en las "Exposiciones de Motivos" de las reformas aprobadas, en todo momento partieron de la defensa clara e irrestricta de la mujer en su carácter de madre y del producto de la concepción.

Las reformas tienen como objetivo defender y preservar a dos seres, no privilegiar a uno de ellos en detrimento del otro.

Por lo demás, en los casos en los cuales se aprobó una reforma a leyes secundarias -específicamente al Código Penal-, lo que salta a la vista después de revisarlas es algo alejado de cualquier intento, como dije, de criminalizar a la mujer. Es más, los cambios aprobados van precisamente en la dirección contraria, que el Estado asuma su responsabilidad de brindar protección y ayuda a la mujer embarazada.

No olvidemos que, basados estrictamente a derecho, en México el aborto es y ha sido un delito. Desde 1871 el Sistema Jurídico Mexicano considera el aborto como un delito, en consecuencia un delito no puede ser al mismo tiempo un derecho.

Por ello, en México las mujeres no tienen derecho a abortar, tienen derecho a que no se les aplique la pena de cárcel si cometen o si llevan a cabo un aborto cuando el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la vida de la madre, por malformación congénita o en caso de accidente.

Aun así, las reformas que garantizan el derecho a la vida fueron acompañadas por reformas al código penal local a fin de permitir la sustitución de la pena de cárcel, para la mujer que aborta, por atención médica integral; en otros la sustitución aplica a petición de parte. En uno Veracruz la aplicación de la penal fue sustituida por tratamiento en libertad consistente en aplicación de medidas educativas y de salud. Asimismo, en Querétaro la sanción fue conmutada por trabajo a favor de la comunidad y en Chiapas las reformas hicieron posible que dos mujeres acusadas del delito de aborto fueran excarceladas beneficiándose de las modificaciones al Código Penal.

Ante esta realidad, la cual está ahí para el que quiera verla, pues todas las reformas por el derecho a la vida se hicieron a la vista de la sociedad y en un proceso que cumplió con todos los requisitos legales y legislativos, surgen preguntas: ¿Por qué esa campaña sistemática de descalificar lo hecho basándose en lo que jamás se hizo? ¿Qué racionalidad es la que sustenta afirmaciones, que nada tienen que ver con la letra y espíritu de las reformas? ¿Por qué esa conducta de casi todos los comentaristas y lo peor, cómo es posible que científicos de gran prestigio firmen desplegados cuyo texto falta de manera flagrante a le verdad?

¿Es tan fuerte la intención de cada uno de ellos por promover posiciones ideológicas personales, que no se duda en mentir? ¿Es acaso éste el periodismo que contribuirá a elevar el nivel de la crítica objetiva que requiere la sociedad mexicana hoy en día?  

Si bien el papel de la mayoría es central en toda democracia, también lo es que aquélla no puede atropellar a las minorías. Al mismo tiempo, no puede ser condonada una dictadura de las minorías por encima de la mayoría.

En el tema de la defensa del derecho a la vida, tal parece que quienes no han entendido y menos leído las reformas que en uso de sus facultades han aprobado los Congresos Estatales, desean que lo único aceptable para ellos -que no valoran la defensa de la vida- es aprobar leyes y reformas que estén acordes con su ideología.

Ojalá que las próximas semanas reflejen este deseo que aquí expreso, para que las opiniones hoy sesgadas que confunden, dejen lugar a la objetividad que educa y orienta. Por muy respetables que pudieren ser las posiciones personales de éste o aquel comunicador o las de ésta o aquella conductora, jamás deben ser de observancia obligatoria por el legislador.

Pretenderlo, ni es democrático ni contribuye al avance.